Al menos 5 mil 287 millones de pesos es el monto calculado como posible daño, perjuicio y pérdida para Pemex, causado por los contratos que Emilio Lozoya adjudicó a las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México.
Uno de los contratos asignados a la constructora brasileña Odebrecht era para el mantenimiento de la refinería de Tula, Hidalgo.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño de mil 287 millones de pesos.
Agronitrogenados, vendida con sobreprecio por Altos Hornos a Pemex, en la auditoría, la ASF reconoció la pérdida de al menos 4 mil millones de pesos.
El análisis de los montos por daños y pérdidas están en revisión sobre la mesa de negociación entre las partes.
Esta acción surge después de que Lozoya ofreció la cantidad de 10 mdd, más cinco propiedades, como una “reparación del daño al erario”.
Lo anterior, a cambio de que se suspendieran los procesos penales en su contra y de recobrar su libertad.
Pero para el gobierno mexicano, 10 mdd (unos 200 millones de pesos) no alcanzan para reparar los daños a Pemex.
AMLO dijo que fue él quien dio la instrucción para frenar el acuerdo, pues consideró que con esa cantidad no se reparan los daños que se provocaron a Pemex y a la hacienda pública.
Lo que la ASF ha documentado, es que las adjudicaciones concedidas en favor de Odebrecht y Altos Hornos, representaron un pésimo negocio para Pemex.
Fueron contratos entregados sin una valoración adecuada y sin que realmente hubiera una competencia pública por ellos.
El acuerdo de Lozoya se queda corto
La reparación del daño, que se establece en el artículo 30 del Código Penal Federal, no solo contempla la “restitución de la cosa obtenida por el delito”.
También el resarcimiento de los perjuicios ocasionados y el costo de las oportunidades que perdió Pemex por los casos de Odebrecht y Agronitrogenados.
Es decir, el acuerdo de 10 mdd que ofreció Lozoya, no cumple con lo mínimo que establece la ley, pues excluye por completo las consecuencias de sus decisiones.
Desde 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comenzó a rastrear presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a Lozoya.
Mismas que, podrían alcanzar hasta los 3 mil millones de pesos.
La UIF identificó a más de 50 compañías presuntamente fantasma, mayoritariamente constituidas en México.
A través de ellas, se habrían triangulado recursos provenientes de la constructora brasileña y su estructura de sobornos.
