La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, presentó este domingo una contrapropuesta de reforma judicial, en respuesta a la polémica iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Esta propuesta fue sometida a discusión en el Senado de la República y busca, entre otros aspectos, la elección de jueces por voto popular.
En un mensaje difundido a través de redes sociales, la ministra Piña informó sobre la publicación de dos propuestas en materia de justicia. Una de ellas refleja la visión de la Judicatura, mientras que la otra integra las perspectivas de legisladores, organizaciones de la sociedad civil, la academia, estudiantes y víctimas de violencia.
La propuesta surge de un ejercicio amplio de escucha y diálogo con actores de los sistemas de seguridad y justicia, tanto a nivel federal como local. Además, se contó con la participación de jueces, magistrados y personal de los órganos jurisdiccionales, así como de 11 sistemas de justicia locales.
Entre los puntos clave del documento se encuentran la promoción de la desmilitarización y el fortalecimiento de las autoridades en labores de seguridad, la justicia penal, el acceso a la justicia y los derechos humanos, la creación de la Ley General de Defensorías Públicas, y la implementación de procesos y recursos judiciales efectivos.
Norma Piña busca aportar a la discusión
Norma Piña enfatizó que esta propuesta busca aportar a la discusión sobre la reforma judicial desde la experiencia directa de quienes imparten justicia en el país. Además, hizo un llamado respetuoso pero firme a los legisladores y a todas las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia para que se escuchen entre sí, así como a las víctimas de la violencia y a quienes defienden los derechos humanos.
La ministra subrayó que la demolición del Poder Judicial no es la solución y que, con voluntad real, es posible realizar cambios profundos y necesarios para construir la paz y justicia que México necesita. Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión, con protestas de trabajadores judiciales, estudiantes y miembros de la oposición en contra de la iniciativa de AMLO.
La reforma judicial ha generado controversia en México, con un paro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y marchas estudiantiles en rechazo a la propuesta. Además, organismos internacionales como la ONU, la International Chamber of Commerce, y entidades financieras como Citibanamex y Fitch han expresado su preocupación por los posibles impactos negativos en la inversión privada, tratados comerciales y la estabilidad económica del país.
La discusión en el Senado continúa, mientras se espera una resolución que podría marcar un cambio significativo en el sistema judicial mexicano.
