Las farmacéuticas en México enfrentan un preocupante aumento en extorsiones y amenazas. Los casos se han disparado hasta en un 400 por ciento en el oriente del Valle de México, especialmente en Iztapalapa, Chalco y Valle de Chalco. De hecho, las farmacias registran pérdidas por alrededor de 100 millones de pesos en lo que va de 2025. El presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), Juvenal Becerra Orozco, alertó sobre esta situación.
Las modalidades de Extorsión y los focos rojos
Las extorsiones han crecido significativamente. Becerra Orozco señaló que el gremio ha detectado 10 casos en la zona oriente del Valle de México este año. En contraste, el año pasado solo se registraron dos casos en esa misma área. La extorsión a farmacias, que en muchos casos son negocios familiares, implica la entrega de notas con advertencias o solicitudes de cuotas.
Las cuotas van desde 10 mil hasta 500 mil pesos para permitir que el negocio continúe operando. Además, la extorsión ya no es un problema exclusivo de la zona metropolitana. Es un fenómeno que ha ganado presencia a nivel nacional. Los focos rojos se concentran en Guerrero, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas y Guanajuato. En estas entidades, la inseguridad se ha intensificado.
La urgencia de una reforma contra la Extorsión
El impacto económico de estas extorsiones representa una amenaza para el crecimiento del sector. Becerra Orozco consideró indispensable la colaboración de las autoridades para atender este problema al alza. Las farmacéuticas independientes mantienen una tendencia anual de expansión de entre 7 y 8 por ciento. Sin embargo, si no se atiende el problema de extorsión, el crecimiento podría ser menor.
El Senado ya aprobó por unanimidad una reforma constitucional que eleva la extorsión a delito de competencia federal. Por lo tanto, ahora es necesario unificar los criterios y cerrar vacíos legales. La senadora Maki Ortiz Domínguez señaló que el delito de extorsión representa una amenaza directa contra la tranquilidad de las familias y la viabilidad de miles de negocios. La implementación de esta reforma es urgente. En consecuencia, se necesita emitir la ley general correspondiente en un plazo no mayor a 180 días.
