La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y nexos con el crimen organizado. La denuncia abarca a al menos 20 personas, incluyendo al alcalde de Tijuana y un senador, y surge tras la revocación de las visas de turista de la pareja por parte del gobierno de Estados Unidos en mayo pasado.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se encuentra indirectamente en el centro de una investigación federal. La FGR indaga a Carlos Alberto Torres Torres, excoordinador de Proyectos Especiales de Baja California y exesposo de la mandataria. El caso abarca operaciones con recursos de procedencia ilícita. También investiga presuntos nexos con la delincuencia organizada.
El escándalo se hizo público meses después de que Marina del Pilar anunciara su divorcio en proceso. Esto ocurrió tras meses de especulaciones sobre presiones de Washington por supuestos lazos con el narcotráfico.
El Citatorio de la FGR y la Revocación de Visas
La denuncia, calificada como anónima por algunos de los implicados, abarca a al menos 20 personas. La lista incluye figuras políticas clave de la entidad fronteriza. Entre ellas se encuentran el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, y el exalcalde de Ensenada y actual senador, Armando Ayala Robles.
El exesposo de la gobernadora, Torres Torres, recibió un citatorio para comparecer en las oficinas centrales de la FGR. Además, el caso se complicó en mayo pasado. Él y Marina del Pilar Ávila Olmeda fueron centro de atención mediática cuando el gobierno de Estados Unidos revocó sus visas de turista. Torres Torres enfrenta ahora cargos formales como imputado en la investigación.
Vínculos con Huachicol y Redes de Lavado
La carpeta de la FGR, abierta el 26 de marzo de 2025, surgió de un aseguramiento clave. Un predio con contenedores albergaba casi 8 millones de litros de combustible ilícito procedente de Texas. El aseguramiento ocurrió en Ensenada. La FGR investiga a Torres y a su hermano, Luis Alfonso, por tráfico ilegal de diésel (huachicol), evasión fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada.
El caso tiene ramificaciones internacionales. El Departamento de Seguridad del Interior de Estados Unidos indaga por conspiración para delitos y lavado. Por otra parte, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a una red ligada al Cártel de Sinaloa. La red incluye a Jorge Arturo Rojas Navarro, socio de José Galicot Behar. Este empresario, amigo cercano de Torres, comparte con él lazos políticos y empresariales. Las empresas de Galicot-Rojas han obtenido contratos millonarios en Baja California y Sonora para telemetría y geolocalización. Presuntamente, estos contratos se utilizaron para blanquear fondos.
