El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó revisar la figura de la “cosa juzgada”, buscando anular juicios o sentencias en los que se compruebe fraude a la ley o colusión. Esta iniciativa generó una advertencia de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, que llamó a la SCJN a no vulnerar los principios de seguridad jurídica establecidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución.
La SCJN se encuentra en el centro de un debate constitucional con el Poder Legislativo. El Pleno acordó returnar el proyecto sobre “cosa juzgada”. La propuesta busca revisar y anular sentencias firmes en casos de fraude o colusión.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados reaccionó de inmediato. Hizo un llamado “respetuosamente” a la SCJN a ser cautelosa.
La “Cosa Juzgada” y la Seguridad Jurídica
El proyecto fue presentado originalmente por la ministra Loretta Ortiz Ahlf. Buscaba anular un juicio concluido. El caso tiene su origen en una mujer que demandó la nulidad de un juicio mercantil. La mujer argumenta la simulación de un adeudo con fines de despojo de su vivienda.
El presidente de la JUCOPO afirmó que la SCJN no puede reabrir asuntos ya resueltos. Él enfatizó que esto afectaría el principio de definitividad. También vulneraría la certeza y seguridad jurídica. De hecho, el sustento de la “cosa juzgada”, como institución jurídica, se encuentra en los artículos 14 y 17 de la Carta Magna.
Las Herramientas del Estado y la Competencia Legislativa
La SCJN justificó la propuesta. Argumentó que si la cosa juzgada se alcanzó mediante acciones indebidas, la sentencia debe reabrirse para evaluar si existió acuerdo entre las partes o con las autoridades. El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, justificó la propuesta. Dijo que busca darle a los mexicanos la certeza y seguridad jurídica.
No obstante, la postura del Legislativo es clara. El doctor y profesor en Derecho Constitucional, que es el vocero del Congreso, señaló que la SCJN no debe invadir la competencia del Congreso de la Unión. Además, no debe exceder sus facultades y funciones.
La JUCOPO insistió en que solo el legislador ordinario y el poder reformador de la Constitución pueden establecer principios de esta naturaleza. La propuesta de la ministra Ortiz fue votada en el Pleno con un resultado cerrado. Seis ministros votaron contra la propuesta original de un criterio rígido. Por consiguiente, la ministra Ortiz elaborará un nuevo proyecto. Este deberá garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva sin desatender la seguridad jurídica.
