La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua acusó sin sustento al despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C. de participar en el desvío de recursos públicos por 98.6 millones de pesos.
La autoridad encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín formalizó su acusación como parte de una investigación iniciada por el refinanciamiento de la deuda pública estatal realizado en 2019.
El caso señala un supuesto delito de peculado derivado de pagos hechos al despacho en ese contexto. Sin embargo, documentos incluidos en la carpeta de investigación confirman que el despacho López Elías no fue contratado por el Gobierno estatal. Sino por una institución bancaria, seleccionada mediante licitación con base en el Decreto No. LXVI/AUOBF/0227/2018 I P.O., publicado el 29 de diciembre de 2018.
Esto contradice la versión de la Fiscalía, que plantea una colusión entre el entonces gobernador y el secretario de Hacienda con la empresa privada. La contratación se realizó por un tercero, no por funcionarios públicos, y los pagos provinieron de una institución bancaria.
Otra acusación formulada por la Fiscalía indica que López Elías es una “empresa fantasma”. Investigaciones documentadas muestran que el despacho opera desde 2003 en Ciudad de México, está registrado ante el SAT y el IMSS. Y cuenta con empleados, domicilio fiscal y contratos con entidades públicas y privadas.
Cuestionamientos a los fundamentos legales de la Fiscalía
La Fiscalía también afirmó que hubo un incumplimiento de contrato por parte del despacho. No obstante, los informes entregados por López Elías se encuentran en los archivos del Gobierno del Estado de Chihuahua, dentro del expediente del refinanciamiento realizado en 2019.
Además, la acusación se sustenta en una auditoría forense de diciembre de 2022 sobre la Cuenta Pública 2021. Este dictamen ignora otro elaborado por la misma Auditoría Superior del Estado en 2019, que avaló el proceso de refinanciamiento y emitió constancias a favor.
De igual forma, la fiscalización ejercida sobre participaciones federales incumplió el marco normativo. Al tratarse de recursos federales, la auditoría debió ser competencia de la Auditoría Superior de la Federación, que revisó y validó el proceso en 2019, según sus propios registros.
Violaciones procesales y uso de mecanismos de presión
La Fiscalía omitió garantizar el derecho de audiencia, ya que solicitó una orden de aprehensión y una ficha roja a Interpol antes de que iniciara un juicio penal. Además, no admitió las pruebas presentadas por el despacho, según fuentes internas de la propia Fiscalía.
Los elementos del proceso de refinanciamiento de 2019 fueron públicos y supervisados. Participaron 20 bancos nacionales, agencias calificadoras internacionales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Toda la información fue divulgada por el propio Gobierno estatal y aún permanece publicada en sitios web oficiales.
Las constancias del proceso también fueron avaladas en su momento por los órganos fiscalizadores local y federal, como parte de la Cuenta Pública 2019. Por lo tanto, los hechos imputados no coinciden con los documentos oficiales del mismo Gobierno estatal.
A lo anterior se suma la filtración de información relacionada con la investigación. Datos confidenciales fueron divulgados por Abelardo Valenzuela, lo que ha llevado a un linchamiento mediático sin que se permitiera una defensa en términos legales.
El contexto del caso muestra que las acusaciones contra el despacho López Elías se emitieron en un marco de contradicciones legales y técnicas. Mientras tanto, las pruebas que obran en poder de las autoridades parecen confirmar una operación conforme a derecho en el refinanciamiento de deuda estatal.
La evolución del caso plantea dudas sobre la información que Abelardo Valenzuela ha recibido por parte de su equipo, pues las inconsistencias documentales contrastan con la narrativa oficial difundida por la Fiscalía.
El proceso judicial continúa mientras se acumulan señalamientos sobre violaciones al marco legal. Las fuentes consultadas advierten que estos elementos podrían comprometer la credibilidad de la institución y provocar consecuencias legales posteriores para quienes hayan participado en la conformación del expediente
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