El Gobierno de México proyecta una recaudación histórica de 7 mil millones de pesos por concepto de cobro de derechos hídricos durante el presente año. Esta ambiciosa meta financiera se sustenta en una estrategia para eliminar el acaparamiento de recursos nacionales por parte de sectores privados. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentará próximamente una reforma integral a la Ley de Aguas. Esta iniciativa legal tiene como objetivo principal exponer y corregir los mecanismos de ilegalidad utilizados por diversas corporaciones para evadir sus obligaciones fiscales relacionadas con el consumo del vital líquido.
Transparencia y fin al mercado secundario de concesiones
La mandataria federal reveló que las investigaciones actuales han detectado esquemas donde grandes empresas se transmitían el recurso hídrico entre sí de manera irregular. En lugar de pagar directamente al Estado, estas organizaciones establecieron un mercado paralelo donde se vendían el agua para evitar las tarifas oficiales. Ciertamente, la reforma a la Ley de Aguas busca desarticular este sistema de simulación que ha afectado las finanzas públicas por décadas. Por consiguiente, la nueva normativa fortalecerá las facultades de inspección y vigilancia de la Conagua para garantizar que cada metro cúbico utilizado sea debidamente facturado conforme a la ley vigente.
Asimismo, el Ejecutivo Federal subrayó que la recaudación ya mostró un avance significativo, pasando de mil a 3 mil millones de pesos en el ejercicio anterior. No obstante, para 2026 se espera duplicar dicha cifra al impedir que intermediarios privados lucren con un recurso que pertenece a la nación. Debido a este enfoque de justicia distributiva, el gobierno también ha iniciado la entrega masiva de títulos de concesión a ejidatarios que históricamente carecían de certeza jurídica sobre sus derechos de riego. De esta manera, se prioriza el acceso al agua para los pequeños productores agrícolas y comunidades rurales.
La nación como regulador estratégico del recurso hídrico
Uno de los pilares fundamentales de esta modificación a la Ley de Aguas es restaurar la soberanía del Estado sobre la planeación y distribución hídrica. Según Sheinbaum, el Estado debe retomar su papel como regulador central de la economía, evitando que los intereses particulares decidan sobre sectores estratégicos. Puesto que el agua es un derecho humano y un bien nacional, la reforma impedirá que los excedentes sean manejados discrecionalmente por grandes grupos económicos. En consecuencia, se establecerán candados más estrictos para la renovación de concesiones y el uso de pozos profundos en zonas con estrés hídrico.
Finalmente, las autoridades esperan que esta medida no solo aumente los ingresos públicos, sino que también incentive una cultura de ahorro y uso responsable en el sector industrial. En conclusión, la nueva Ley de Aguas representará un paso decisivo hacia la transparencia y la equidad en el manejo de los recursos naturales del país. Solo mediante un control riguroso y la participación de todos los sectores se podrá garantizar la seguridad hídrica para las futuras generaciones de mexicanos. El bienestar social y la protección ambiental serán los ejes rectores de esta transformación legislativa.
