En el primer día del parlamento abierto para abordar la iniciativa, donde participaron más de 40 políticos, especialistas y representantes de la iniciativa privada, los principales directivos de la empresa productiva del Estado aseguraron que se debe revisar la legalidad y rentabilidad de los contratos de Productores Independientes de Energía (PIE).
Miguel Reyes Hernández, director general de las subsidiarias comercializadoras de combustibles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) CFEnergía y CFE Internacional, defendió las modificaciones que se pretenden realizar a la Ley de la Industria Eléctrica mediante la iniciativa presidencial.
Argumentó que estos contratos dañan a la nación tanto por los subsidios de la eléctrica nacional, como por “el bajo despacho, tarifa creciente y riesgo cambiario”.
Además de esos contratos que calificó de “desventajosos”, detalló que los actuales criterios de despacho de energía privilegian a los privados a costa de centrales eficientes de la CFE.
El directivo pidió piso parejo para competir en el mercado eléctrico, y acusó que a raíz de la reforma energética se puso en desventaja a la CFE con restricciones en el nuevo mercado.
En su exposición en la Cámara baja explicó que como tarifas de porteo no cobradas a contratistas de autoabasto se han dejado de percibir 28,765 millones de pesos, de los cuales 2,600 corresponden a la ibérica Iberdrola.
