La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, sostuvo que pusieron a disposición de la Auditoría Superior de la Federación más de 30 mil expedientes y nunca recibieron solicitudes adicionales o aclaraciones, pero ordenó que se apliquen las sanciones correspondientes que deriven del informe de la ASF.
El documento señala que “durante la realización de la auditoría, se mostró resistencias y, en algunos casos, negación para el desarrollo de las operaciones de fiscalización planteadas por la ASF”.
La ASF informó que la SFP se negó dar acceso al equipo auditor a las instalaciones del órgano, “desde el inicio de los trabajos de fiscalización, la SFP manifestó que no ofrecería las facilidades para que el equipo auditor pudiera asistir a sus oficinas para realizar entrevistas o recorridos de prueba”, se lee en el documento.
“Se pusieron a disposición de la ASF más de 30 mil expedientes que requirió. En este informe la ASF no emitió ninguna promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias, ni solicitudes de aclaración alguna hacia la Secretaría de la Función Pública“.
También se denuncia a la SFP por no actualizar el Registro de Servidores Públicos Sancionados. De igual forma por no tener evidencias que muestre sus actividades derivadas de los expedientes generados por las “quejas, denuncias y peticiones ciudadanas por presuntas faltas administrativas en contra de servidores públicos federales”.
