El encarcelamiento de Rosario Robles, exfuncionaria federal, no se incluirá en el paquete de casos de otras presas de Santa Martha Acatitla que serán revisados, dijo este martes Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“No parece que haya un tema que se tenga que revisar a nivel de Consejo de la Judicatura porque está siendo juzgado efectivamente por jueces y magistrados”
Declaró Zaldívar
Después de haber llevado a cabo una reunión con 220 presas del penal de Santa Martha, el ministro explicó que el caso le toca a los juzgadores que están viendo el caso.
Deberán resolverlo con base en los elementos disponibles.
En ese sentido, Zaldívar afirmó que “no se advierte alguna cuestión por la que se tenga que hacer una excepción sobre la atribución de jueces y magistrados”.
“Yo no puedo, porque no tengo atribuciones, es determinar si en el caso concreto los elementos que tomaron los jueces y los magistrados para determinar una prisión preventiva justificada son correctos o no”.
Zaldívar
Sin embargo, no descartó la posibilidad de que las acusaciones en contra de Robles se puedan analizar en un futuro.
“Si en la revisión que hacemos de los asuntos surge que ahí hay algo que se tenga que revisar, pues primero yo tengo que respetar la independencia y autonomía de los jueces”
Añadió
CONTEXTO:
En abril, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México confirmó que el fiscal Alejandro Gertz Manero violó la presunción de inocencia de Rosario Robles.
Ello, al hacer comentarios que pudieron haber afectado su juicio.
Durante el Seminario sobre Violencia y Paz, organizado por el Colegio de México, Gertz Manero afirmó que Rosario Robles seguía presa porque se había negado a cooperar con la justicia.
Zaldívar acudió al Penal de Santa Martha Acatitla a reunirse con 220 reclusas después de que un grupo le enviara una carta para que acudiera a platicar de su situación jurídica a principios de marzo.
Dentro de esta reunión estuvo presente Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, acusada de presuntamente haber formado parte de la “Estafa Maestra”.
Con ella, se desviaron recursos públicos por 5 mil millones de pesos a través de universidades públicas y 128 empresas fantasmas.
