El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho gala de su compromiso con la transparencia durante su gestión.
Sin embargo, casos como el del agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez en la CDMX y el desfalco millonario en Segalmex han puesto en entredicho dicha transparencia.
Este último caso ha sido puesto bajo reserva por cinco años, según reveló el periodista Iván Alamillo de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), creada en 2019 durante el sexenio de AMLO, tenía el objetivo de fomentar la autosuficiencia alimentaria en los granos básicos y la leche, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico y social del país.
Sin embargo, este proyecto se ha visto empañado por numerosos casos de corrupción y mal manejo.
Las investigaciones periodísticas han destapado múltiples irregularidades, tales como la entrega de contratos a empresas fachada.
También el pago de sobornos a proveedores de Diconsa y la venta simulada de departamentos de lujo en Estados Unidos a directivos de Segalmex.
En el caso Segalmex se han descubierto convenios extraños
También se han descubierto convenios multimillonarios firmados con empresarios relacionados familiarmente con directivos de esta paraestatal.
Ignacio Ovalle, exdirector de Segalmex y abogado priista, ha sido señalado como el principal responsable del desfalco, el cual asciende a más de 15,308 millones de pesos.
Para abordar estas irregularidades, las autoridades formaron un grupo de trabajo intersecretarial que incluye a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Así como a la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Seguridad, Hacienda y Segalmex.
No obstante, este grupo ha mantenido en secreto los avances de sus investigaciones.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) argumentó que la divulgación de dicha información podría poner en riesgo el avance de las investigaciones y el debido proceso, ya que las minutas contienen constancias de seguimiento de carpetas de investigación y procesos penales.
Con esta reserva, la sociedad mexicana tendrá que esperar cinco años para conocer los hallazgos de este grupo intersecretarial sobre el desfalco en Segalmex.
Esta medida ha generado críticas y dudas sobre la verdadera transparencia del gobierno en casos de corrupción de alto perfil, poniendo en cuestión su compromiso con la rendición de cuentas.
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