En México, la informalidad laboral alcanza al 96.6% de las mujeres dedicadas al trabajo del hogar remunerado. Además, solo un 1% de las empleadas de este sector cuenta con un contrato formal por escrito. A pesar de los avances legislativos alcanzados hace siete años, las condiciones laborales no han cambiado sustancialmente. De acuerdo con el reporte publicado por la red civil UNIDAS, alrededor de 2.1 millones de mujeres desempeñan esta labor en el país. Por lo tanto, representan casi el 90% de la fuerza laboral doméstica activa.
Por otra parte, la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social permanece prácticamente estancada. Menos del 2% del total de las trabajadoras accede actualmente a la seguridad social. Asimismo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo evidencia una persistente brecha de ingresos. Las mujeres perciben un sueldo promedio mensual de 5,770 pesos. En cambio, los hombres ganan un promedio de 8,855 pesos al mes. En consecuencia, la diferencia salarial entre ambos géneros alcanza el 34.8%.
Retos legales y vacíos en la supervisión de los hogares
En primer lugar, la exclusión de las trabajadoras ocasionales en la ley dificulta el acceso pleno a sus derechos. El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar presentó una demanda de amparo contra esta limitación legal. Del mismo modo, los representantes de la organización argumentan que laborar uno o dos días por semana genera una relación laboral continua. Por esta razón, solicitan adaptar las cuotas y esquemas de inscripción para cubrir todas las modalidades.
Adicionalmente, los domicilios particulares permanecen exentos de las inspecciones oficiales de la Secretaría del Trabajo. Esto facilita la discriminación y expone a las empleadas a diversos riesgos de salud. Igualmente, las recomendaciones vigentes funcionan únicamente de forma voluntaria para los empleadores. Por consiguiente, las organizaciones civiles proponen fortalecer la vigilancia e incentivar la formalización mediante registros simplificados.
